DEMOCRACIA

¿Qué modelo de democracia queremos?

¿Cómo queremos tomar las decisiones entre todos? Hablar sobre el modelo de democracia es hablar sobre cómo nos debemos organizar para tomar decisiones como sociedad. Es importante reflexionar como ciudadanos sobre nuestras responsabilidades como tales.
Se está debatiendo últimamente sobre las bondades de la democracia representativa, sea cual sea la forma de elección de nuestros representantes, frente a lo que podríamos denominar democracia asamblearia, que podríamos visualizar de alguna forma en los movimientos 15M, Podemos,  el PSOE de Sánchez, y similares. Pero este debate me parece un falso debate. En mi opinión sólo existe esa denominada democracia asamblearia en dónde puede ser posible: en núcleos pequeños de población y aún así de difícil gobierno, recordemos por un momento las terribles reuniones de nuestra comunidad de vecinos. Todo esto se complica en el momento que lo ampliamos al “barrio” y no digamos nada a nuestro pueblo, por pequeño que éste sea. Esta denominada “democracia asamblearia” tiene multitud de deficiencias, y facilita el triunfo, por poner algunos ejemplos, a los que mejor hablen, a los que más “fuerza” pongan en sus argumentos y gestos,  a  los que más tiempo tengan para aguantar en los debates cansando a sus contrincantes,  formas de ganar una asamblea aun careciendo de razón o siendo la opción mala, pero quiebra, sobre todo, por la imposibilidad física de reunir, de forma continua, a un amplio número de personas para el debate y toma de decisiones.
Desde luego el actual ejercicio de la democracia representativa no es óptimo desde ningún punto de vista que apliquemos para su análisis y evaluación. Nuestros representantes se presentan ante nosotros encubiertos en unas siglas, que pueden abandonar en cualquier momento sin consecuencias, con un paraguas de pretendido programa de acción para realizar en el periodo para el que son elegidos, pero cuyo incumplimiento no tiene ninguna consecuencia para el incumplidor, salvo que la memoria y el análisis de los electores lleve a estos a modificar su elección en el siguiente proceso electoral. Nuestros representantes utilizan el “he sido elegido por N votantes” o “ya lo ponía en el programa electoral”, curiosamente esto último se agita cuando se realizan acciones que no son compartidas por la comunidad sobre la que se aplica (téngase en cuenta que en estos casos o bien no estaba claramente expuesto lo que se hace en la forma en que se hace, o es de los pocos compromisos de ese “contrato” electoral, que representaría el programa electoral, que se pretenden cumplir, pongo como ejemplo de ambas cosas la reforma de la Ley del aborto)
En el mejor de los casos nuestros gobernantes/representantes aplican seudoprocesos de participación, con reuniones absolutamente controladas y muchas veces con asociaciones o colectivos domesticados de diferentes formas, en los que se consigue que se dé la razón a lo que se presenta.
Sin considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor, que no es un planteamiento vital adecuado, considero que, sin que fuera óptimo tampoco, en el inicio de nuestra democracia se ponían en práctica procesos de participación ciudadana que se han ido diluyendo en el camino. Algunos de estos procesos venían y vienen regulados en las diferentes leyes, (por ejemplo en los procesos de aprobación de los diferentes niveles de la planificación urbanística), pero incluso en estos procesos reglados se ha ido disminuyendo su aplicación cayendo en lo mínimo estrictamente establecido. Hubo procesos de información y debate con los que se acometieron las modificaciones de los planes urbanísticos por parte de los primeros ayuntamientos democráticos, con exposiciones públicas y reuniones con vecinos y colectivos para escuchar sus necesidades y sus alternativas para incorporarse a ese nuevo planeamiento. Actualmente se limitan, como dice la Ley, a publicarse en el correspondiente boletín oficial (que como todo el mundo sabe leemos todos con total delectación todos los días) abriendo el plazo para que los ciudadanos pongamos por escrito y presentemos en el correspondiente registro administrativo las alegaciones que consideremos, de la misma forma para las actuaciones sobre los barrios y demás. Se diría, pues que el ciudadano molesta en la conformación de la decisiones que más le afectan.
Por lo anterior considero que lo óptimo para nuestro sistema es avanzar en la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, donde se elijan a nuestros representantes para que, con periodicidad frecuente, informen a los ciudadanos y vecinos de las actuaciones que están desarrollando y dejando que entre todos decidamos una parte de los presupuestos que se van a ejecutar. Existen ejemplos de la eficacia de los presupuestos participativos, donde aquellas decisiones con una cierta carga sobre los ciudadanos son informadas y consultada con nosotros los representados. Todo esto hace obligada una forma de actuación menos “impulsiva/compulsiva” y que, necesariamente, aquello que un político o gestor de lo público se proponga realizar, esté suficientemente pensado, consensuado y argumentado.
Este es el camino, el único posible, avanzar hacia la participación de todos en nuestro propio gobierno. Si queremos mantener un sistema democrático de gobierno r no basta la legitimación de  la elección en unas votaciones, sino que el fomento de una alta participación ciudadana es vital para que esté legitimado tanto el sistema, como los elegidos como representantes/gobernantes. Habría que hacer un esfuerzo de imaginación y de creatividad para generar procesos que permitieran conjugar un gobierno ágil en la toma de decisiones, con la necesidad de testar, con los destinatarios, la validez de aquellas decisiones más importantes, o que más puedieran afectar a los ciudadanos. Este reto entraña grandes dificultades especialmente en aquellos casos que pudieran  tener que ver con la implantación de servicios o dotaciones necesarios para el conjunto de la ciudad y de la població, pero con una carga negativa determinada para los vecinos del entorno concreto, por lo que habría  que consensuar las debidas compensaciones.
También hay que señalar que este modelo comporta una carga continuada de participación y de involucrarse en los procesos, no es admisible la no participación y actuar con “arranques” repentinos. Nosotros los ciudadanos debemos empezar a darnos cuenta que la salud democrática de nuestros pueblos e instituciones también es nuestra responsabilidad. Debemos concienciarnos sobre nuestra función, porque somos, al fin, el verdadero soberano.